Una de las políticas del presidente Evo Morales, durante este gobierno que se ha denominado del “Cambio”, ha sido la recuperación de las empresas que pertenecieron al estado y que fueron capitalizadas durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, durante la década de los 90’s.
El inicio estaría marcado por la nacionalización de los hidrocarburos, convirtiéndose en la tarea “estrella” del gobierno, desde el inicio del 2005. La recuperación de las acciones y por ende los ingresos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sería un objetivo no sólo del poder Ejecutivo, sino de la sociedad en general.
En 1996 se capitaliza la empresa hidrocarburífera con la intensión de atraer nuevas inversiones, mejor tecnología y más fuentes de trabajo, que a la vez sean más eficientes. Los recursos obtenidos por la capitalización fueron utilizados en distintos programas de desarrollo social y rural. De esta manera, la empresa nacional más grande, quedó en manos de empresas extranjeras y transnacionales.
Es a partir de la primera década de este siglo, que un nuevo pedido social emerge de las clases más anegadas del país. La pobreza afecta a miles y las riquezas de nuestro país, son derrochadas por unos pocos y muchos de ellos ni siquiera son bolivianos. Es entonces que comienza un llamado para recuperar los recursos naturales y que éstos sean administrados por el estado.
YPFB es nacionalizado el 1 de mayo de 2006 en Caraparí, población donde se ubica el principal campo petrolero del país (San Alberto), dando lugar a la aplicación del Decreto Supremo “Héroes del Chaco” del gobierno de Evo Morales, con el que comenzó la nacionalización de los hidrocarburos, acción que fue aplaudida por un gran número de ciudadanos bolivianos.
El resultado de esta nacionalización, a nivel social, fue la mejora del pago vitalicio para todos los bolivianos y bolivianas mayores de 60 años (renta dignidad). Esta renta pretende de alguna manera amortiguar la injusticia a la cual se han visto sometidos algunos sectores de trabajadores y trabajadoras bolivianos como las empleadas domésticas, los taxistas, las amas de casa, los mineros, los artesanos, los campesinos, la misma renta es financiada con los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), la rentabilidad de las empresas capitalizadas en el Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) y el Tesoro General de la Nación (TGN).
El Bono Juancito Pinto fue creado también, a partir de la nacionalización. El mismo pretende beneficiar con 200 bolivianos a 1.800.000 estudiantes de primero a octavo de primaria de las unidades educativas fiscales de todo el país. El Objetivo del mencionado bono es Incentivar el ingreso, y culminación de los niños en las escuelas, El bono Juancito Pinto fue creado por el Decreto Supremo No. 28899 del 26 de octubre de 2006.
Todos estos bonos, que mal o bien contribuyen a los ingresos de los más necesitados en el país, conllevan a la vez, desventajas que a corto o largo plazo, pueden tener consecuencias muy complicadas a nivel económico y social.
Sin ir muy lejos, podemos hablar de la rentabilidad en el tiempo que tienen estos bonos ¿Hasta cuándo podrán ser entregados a la población? ¿Qué pasará cuando el gobierno no pueda sostenerlos más? Pues, se generará un caos social, en el cual, todos aquellos que fueron los beneficiados, al haber generado cierta dependencia de este ingreso económico, no le será concebible el no tenerlo.
En otros casos, se ha llegado a creer también que el implantar estos bonos, no han tenido solamente un objetivo de colaboración, sino también de ganar seguidores para el partido oficialista; contentar a las bases para no dejar escapar sus votos para las tantas elecciones realizadas en este gobierno. De ser cierto, estaríamos enfrentando un hecho crítico que a la larga puede llevar a los bolivianos a un desequilibrio social, especialmente en cuanto a confianza se refiere; no por nada se dice que las mentiras tienen patas cortas.
Ante todo esto, deberíamos plantearnos una pregunta: De todos los ingresos obtenidos por YPFB ¿Qué porcentaje está siendo ahorrado para futuras generaciones? A pesar de los ingresos obtenidos (se habla de que el PIB del país, después de la nacionalización, ascendió a 9.334 millones), fue necesario para el gobierno solicitar dinero a las prefecturas, municipios y universidades para lograr completar los montos necesarios para cubrir el pago de los bonos. Es así que se decide recortar el impuesto directo a los Hidrocarburos. Todos estos sectores reaccionaron ante esta solicitud; seis departamentos y varias universidades públicas tomaron sus medidas para evitar este recorte. Aparentemente no quedaba otra opción, les guste o no a todos los sectores.
Entonces, la nacionalización de YPFB ¿fue realmente un avance económico para el país? Según expertos, el estado que nacionaliza deja de recibir un “alto” ingreso económico ya que durante la capitalización, la empresa ganadora de la subasta, invertiría la cantidad pujada dentro de la misma empresa como aumento de capital para la compra del 50%, también llevándose la gestión de esa empresa. Los 50% restantes fueron transferidos de las manos del gobierno (del estado) al control de dos fondos de pensiones estatales, con el objetivo de generar flujos de caja a lo largo de los años para cubrir los pagos de las pensiones de los jubilados. Actualmente, dichos pagos continúan pero sin tener una vista a futuro o largo plazo pasando por alto que las reservas hidrocarburíferas pueden terminar en algún momento.
El inicio estaría marcado por la nacionalización de los hidrocarburos, convirtiéndose en la tarea “estrella” del gobierno, desde el inicio del 2005. La recuperación de las acciones y por ende los ingresos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sería un objetivo no sólo del poder Ejecutivo, sino de la sociedad en general.
En 1996 se capitaliza la empresa hidrocarburífera con la intensión de atraer nuevas inversiones, mejor tecnología y más fuentes de trabajo, que a la vez sean más eficientes. Los recursos obtenidos por la capitalización fueron utilizados en distintos programas de desarrollo social y rural. De esta manera, la empresa nacional más grande, quedó en manos de empresas extranjeras y transnacionales.
Es a partir de la primera década de este siglo, que un nuevo pedido social emerge de las clases más anegadas del país. La pobreza afecta a miles y las riquezas de nuestro país, son derrochadas por unos pocos y muchos de ellos ni siquiera son bolivianos. Es entonces que comienza un llamado para recuperar los recursos naturales y que éstos sean administrados por el estado.
YPFB es nacionalizado el 1 de mayo de 2006 en Caraparí, población donde se ubica el principal campo petrolero del país (San Alberto), dando lugar a la aplicación del Decreto Supremo “Héroes del Chaco” del gobierno de Evo Morales, con el que comenzó la nacionalización de los hidrocarburos, acción que fue aplaudida por un gran número de ciudadanos bolivianos.
El resultado de esta nacionalización, a nivel social, fue la mejora del pago vitalicio para todos los bolivianos y bolivianas mayores de 60 años (renta dignidad). Esta renta pretende de alguna manera amortiguar la injusticia a la cual se han visto sometidos algunos sectores de trabajadores y trabajadoras bolivianos como las empleadas domésticas, los taxistas, las amas de casa, los mineros, los artesanos, los campesinos, la misma renta es financiada con los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), la rentabilidad de las empresas capitalizadas en el Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) y el Tesoro General de la Nación (TGN).
El Bono Juancito Pinto fue creado también, a partir de la nacionalización. El mismo pretende beneficiar con 200 bolivianos a 1.800.000 estudiantes de primero a octavo de primaria de las unidades educativas fiscales de todo el país. El Objetivo del mencionado bono es Incentivar el ingreso, y culminación de los niños en las escuelas, El bono Juancito Pinto fue creado por el Decreto Supremo No. 28899 del 26 de octubre de 2006.
Todos estos bonos, que mal o bien contribuyen a los ingresos de los más necesitados en el país, conllevan a la vez, desventajas que a corto o largo plazo, pueden tener consecuencias muy complicadas a nivel económico y social.
Sin ir muy lejos, podemos hablar de la rentabilidad en el tiempo que tienen estos bonos ¿Hasta cuándo podrán ser entregados a la población? ¿Qué pasará cuando el gobierno no pueda sostenerlos más? Pues, se generará un caos social, en el cual, todos aquellos que fueron los beneficiados, al haber generado cierta dependencia de este ingreso económico, no le será concebible el no tenerlo.
En otros casos, se ha llegado a creer también que el implantar estos bonos, no han tenido solamente un objetivo de colaboración, sino también de ganar seguidores para el partido oficialista; contentar a las bases para no dejar escapar sus votos para las tantas elecciones realizadas en este gobierno. De ser cierto, estaríamos enfrentando un hecho crítico que a la larga puede llevar a los bolivianos a un desequilibrio social, especialmente en cuanto a confianza se refiere; no por nada se dice que las mentiras tienen patas cortas.
Ante todo esto, deberíamos plantearnos una pregunta: De todos los ingresos obtenidos por YPFB ¿Qué porcentaje está siendo ahorrado para futuras generaciones? A pesar de los ingresos obtenidos (se habla de que el PIB del país, después de la nacionalización, ascendió a 9.334 millones), fue necesario para el gobierno solicitar dinero a las prefecturas, municipios y universidades para lograr completar los montos necesarios para cubrir el pago de los bonos. Es así que se decide recortar el impuesto directo a los Hidrocarburos. Todos estos sectores reaccionaron ante esta solicitud; seis departamentos y varias universidades públicas tomaron sus medidas para evitar este recorte. Aparentemente no quedaba otra opción, les guste o no a todos los sectores.
Entonces, la nacionalización de YPFB ¿fue realmente un avance económico para el país? Según expertos, el estado que nacionaliza deja de recibir un “alto” ingreso económico ya que durante la capitalización, la empresa ganadora de la subasta, invertiría la cantidad pujada dentro de la misma empresa como aumento de capital para la compra del 50%, también llevándose la gestión de esa empresa. Los 50% restantes fueron transferidos de las manos del gobierno (del estado) al control de dos fondos de pensiones estatales, con el objetivo de generar flujos de caja a lo largo de los años para cubrir los pagos de las pensiones de los jubilados. Actualmente, dichos pagos continúan pero sin tener una vista a futuro o largo plazo pasando por alto que las reservas hidrocarburíferas pueden terminar en algún momento.
Más allá de esto, regresó el fantasma de la corrupción el cual estuvo en pleno auge en épocas anteriores y fue una de las principales razones por la cual la empresa de hidrocarburos fue capitalizada. Cuando el gobierno nacionalizó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) le dijo al país que la petrolera estatal sería la empresa estrella, motor de la economía y del desarrollo nacional, porque generaría los recursos para luchar contra la pobreza.
Apenas han pasado tres años de esa decisión y YPFB atraviesa por la peor crisis de corrupción que se hubiera vivido antes y después de la capitalización. Esta crisis tiene su origen en la decisión del presidente de la República, Evo Morales, de designar autoridades “a dedo”, y como repartición de “pegas” es decir, con un perfil político y no profesional especializado en el área petrolera. El resultado obvio es la ineficiencia de la empresa y los actos de corrupción, todo este mal manejo nos lleva a ver como los recursos humanos son desaprovechados y todo se basa en simple politiquería, ello documentado por los medios de comunicación.
Por otra parte la nacionalización de los Hidrocarburos no fue como se dice un acto con mucha legitimidad y es de esperar que las empresas extranjeras, estén maniobrando con sus gobiernos un reclamo, para mejorar su situación negociadora frente al gobierno boliviano. Además dicho gobierno debe saber que la nacionalización sin compensación o sin flexibilidad trae consigo consecuencias que resultarán perjudiciales para su pueblo, tales como demandas multimillonarias entre otras. Es normal pensar que cuando una empresa ha invertido más de €3.500 millones en estos negocios y se los quitan de la noche a la mañana el capital privado tardará en volver y no existirán muchas empresas nuevas que quieran invertir en el país con la confianza de antes. Esto resultará en menos inversiones, menos crecimiento y menos empleo para los bolivianos, especialmente los pobres que son los que menos pueden soportarlo.
La nacionalización de YPFB marcó un hito más en la historia de nuestra república. Se convirtió en la experiencia económica más importante del Gobierno de Evo Morales, pero a la vez dio muchos dolores de cabeza y su organización y administración; hasta estos días, genera malestar en la población y en el ejecutivo. Es momento de aprender de los errores que se han cometido, pero principalmente, abrir los ojos a nuestra realidad y notar que algunas políticas funcionan y otras necesitan ser aplicadas en el momento preciso para que se desarrollen como esperamos. Tal vez aun no era el momento de YPFB para caminar por su cuenta.
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